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sábado, 13 de agosto de 2016

Denuncian tres décadas de abandono a los niños pobres de Chile

MONTEVIDEO (Sputnik) — Ningún gobierno chileno se ha hecho cargo en los últimos 30 años de los niños en situación de vulnerabilidad, denunció la organización Fundación Infancia a Sputnik Nóvosti, en referencia a la reciente muerte de una niña de 11 años que estaba bajo tutela del Servicio Nacional de Menores (Sename).

"Los tres poderes del Estado han fallado a los niños por más de 30 años. (Cuando) el Poder Judicial detecta que un niño no tiene baño, no tiene para comer o tiene piojos, es llevado al "sistema de protección" y automáticamente es separado de su familia bajo el concepto de inhabilidad parental", dijo a esta agencia la directora de la fundación, Nathalie Oyarce.
El Sename, que tiene como cometido proteger y garantizar los derechos de los menores de edad y de controlar la adopción en Chile, cuenta con centros de atención directa y con una red de colaboradores que se postulan a licitaciones públicas, según indica el organismo en su web.
Aproximadamente el 80 por ciento de los hogares que prestan servicio al Sename son privados y estos reciben el 63 por ciento del presupuesto institucional, mientras que el 37 por ciento restante queda para los que pertenecen al Estado, indicó Oyarce.
Para la directora de Fundación Infancia se trata de un negocio rentable, pues cada organismo que acoge a esos niños se lucra al recibir subvenciones.
La Ley de Subvenciones del Sename establece ese "incentivo perverso", que no se ha modificado "porque no hay voluntad política de hacerlo", dijo Oyarce.
El Estado prefiere gastar 186.000 pesos al mes (285 dólares) y tener al niño en un hogar para que no moleste en vez de apoyar a esas familias con un psicólogo y un trabajador social que los ayude, criticó.
"Se les medica y se les droga (a los niños) y cuando regresan con sus familias llegan profundamente dañados y nadie se hace responsable de ello. Su único pecado fue ser pobres, sus familias están devastadas tratando de recuperarlos, pero el sistema está hecho para destruirlos y ganar dinero con ellos", añadió.
El Sename ha sido fuertemente cuestionado por su funcionamiento y por los diferentes escándalos que han salido a la luz en los últimos meses.
El caso más reciente es el de Lissette Villa, una niña de 11 años que falleció en abril tras golpearse en la cabeza sin que los trabajadores del organismo público pudieran socorrerla.
La muerte de Villa, el tercer caso en dos años de un menor de edad fallecido bajo tutela del Estado, supuso la renuncia de la directora del Sename, Marcela Labraña, quien señaló que la niña había muerto debido a una crisis emocional.
En ese sentido Oyarce indicó que hasta hace poco tiempo ni siquiera existía una base de datos con la información de todos los niños internados.
Cuando un menor fallecía "tampoco figuraba la causa y simplemente se consideraba un egreso administrativo", dijo.
Oyarce insiste en señalar que no hay recursos suficientes ni voluntad política para entregar a los niños lo que necesitan y desde que finalizó la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), "ningún presidente ha legislado por los menores".
Cifras dispares
El diputado independiente René Saffirio, impulsor de una comisión investigadora del Sename, denunció a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Javiera Blanco, al considerar que alteró las cifras de menores fallecidos en el organismo, según informó el diario La Tercera.
De acuerdo al informe del Gobierno, entre mayo de 2005 y mayo de 2016 fallecieron 185 menores de edad en centros e instituciones privadas financiadas por el Estado.
Sin embargo, Saffirio aseguró que la cifra asciende a 477, ya que incluye también a los que infringieron la ley y estaban bajo Responsabilidad Penal Juvenil.
Entre las causas estudiadas por la comisión investigadora sobre la muerte de los menores figuran fallecimientos por traumatismo craneoencefálico, asfixia y suicidio por ahorcamiento o intoxicación por monóxido, entre otras.
Además, el Sename reveló en junio que tiene 1.334 menores en situación de salud "crítica" con potencial riesgo vital y patologías mentales complejas y por el momento solo hay 183 evaluados clínicamente, según información publicada por La Tercera.
"El resto no ha sido evaluado porque no hay especialistas, no hay psiquiatras para hacerlo", aseveró Oyarce.
Inhabilidad parental
Algunos niños y niñas son separados de sus familias e internados en centros luego de que las autoridades constatan abusos sexuales o maltrato, pero también un alto porcentaje es internado bajo la causal de inhabilidad parental.
"Si son pobres y viven, por ejemplo, hacinados en casa, los internan bajo esa causal y es una irregularidad. La inhabilidad parental se utiliza mucho en los tribunales de familia, pero es como un vacío legal, no se justifica", añadió Oyarce a Sputnik Nóvosti.
Cada municipio en Chile cuenta con una Oficina de Protección de los Derechos de la infancia y la adolescencia.
La directora de la Fundación Infancia explicó que para justificar la existencia de estas oficinas, "los trabajadores sociales sacan cosas de contexto e incluso mienten diciendo que los menores viven hacinados o que los padres no los han llevado al médico", denunció.
Fundaciones y organizaciones no gubernamentales han convocado una jornada de protesta para el 28 de agosto con el objetivo de reflexionar sobre las "necesidades 

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